La nueva Ley obligará a los operadores de telefonía móvil a llevar un registro de los usuarios de líneas pre-pago, similar al que ya disponen para los usuarios de líneas de contrato.
El PP propuso, sin éxito, una enmienda para incluir en esta obligación de identificar a los usuarios, también a "todos aquellos que ofrecen acceso público a Internet, tales como cibercentros, universidades o redes inalámbricas (wi-fi) de acceso público, y a los que ofrecen un acceso restringido, como un servicio de valor añadido, a sus clientes".
El PP pretendía que la Ley les obligue a "la llevanza de un registro con la identidad de los usuarios que acceden a Internet y la referencia temporal del acceso".
El PP motivó así su enmienda:
"Actualmente se está accediento a Internet desde cibercafés, desde estaciones de tren y aeropuertos, desde ciertas salas de las universidades o desde redes inalámbricas de acceso público o restringido, desde las habitaciones e, incluso, desde lugares comunes de los hoteles, para sus huéspedes, desde salas vips para clientes preferenciales de ciertos establecimientos, etcétera. No tiene mucho sentido imponer a los operadores de telefonía la obligación de identificar las tarjetas prepago y no exigir la misma obligación a los servicios de acceso público a Internet. O a todos o a ninguno".
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