Público
Los resultados de las elecciones israelíes han confirmado lo que era un secreto a voces: la rentabilidad electoral del ataque a Gaza. Una acción que no es un hecho aislado, sino el corolario de una estrategia política de continuos ataques a la población civil, bloqueo y asedio contra la Franja, lo que ha llevado a la miseria –según datos de Naciones Unidas– al 80% de sus habitantes. La victoria de la derecha (Kadima y Likud) y el auge de la extrema derecha, tanto laica (Yisrael Beiteinu) como religiosa (Shas), reeditan de nuevo la pregunta sobre la relación entre democracia, rule of law y derechos humanos. Con frecuencia se atribuye a Israel el título de única democracia en la región, la condición de “uno de los nuestros”. No obstante, hay razones para cuestionar seriamente esta afirmación. Hace tiempo que la filosofía política ha consolidado un concepto de democracia que va más allá de la elección periódica de los gobernantes por la ciudadanía. También se requiere el respeto a unas condiciones básicas de igualdad entre los sujetos: condiciones que garanticen, por un lado, la igualdad formal o no discriminación entre las personas y, por otro, la consecución de niveles aceptables de igualdad material entre ellas.
La legislación y la realidad social e institucional discriminan a los árabes que viven en Israel y tienen ciudadanía israelí: los “palestinos del 48”. Un ejemplo es la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel de 2003, denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional. Esta Ley impide –por razones de seguridad, según se contiene en su articulado– la formación de familias árabes en el interior de Israel, al prohibir a los árabes israelíes casados con palestinos de los Territorios Ocupados vivir con sus cónyuges en Israel. Algo que, por el contrario, se permite a cualquier judío que esté en cualquier lugar del mundo. Se trata de un elemento más de esta política de discriminación racial llevada a cabo por los sucesivos gobiernos israelíes.
Gobiernos de los que han formado parte personas como Avigdor Lieberman –líder del ascendente Yisrael Beiteinu–, que realiza declaraciones claramente racistas, tales como lanzar una bomba atómica en Gaza o echar a los palestinos al mar Muerto. El grito con el que es recibido por sus seguidores en los mítines –SDLqmuerte a los árabes”– debería hacer reflexionar a la Unión Europea en su política de refrendos a elecciones supuestamente democráticas y de apoyo a gobiernos que dicen respetar los derechos humanos; máxime si se compara con la actuación que la propia Unión siguió en el caso de las elecciones palestinas que dieron el triunfo a Hamás o con las medidas que adoptó en el año 2000 cuando el partido de ultraderecha de Jörg Haider entró a formar parte del Gobierno austriaco. Buena prueba para pulsar la calidad democrática del sistema israelí será saber si al final Lieberman condiciona el futuro Gobierno o, incluso, llega a participar en el mismo.
Por otra parte, el concepto de democracia guarda relación inseparable con el desarrollo de la acción de gobierno. Un poder político concentrado en pocas manos, ilimitado y sin medios de control de sus decisiones no merece calificarse de democrático. De ahí la vinculación de la democracia con la separación de poderes y el control judicial del poder ejecutivo. A este respecto, sorprende el flagrante desconocimiento que el Gobierno israelí hace de su legislación interna –y de los convenios internacionales de los que es parte– en el trato a los detenidos palestinos. Garantías como la presunción de inocencia, el hábeas corpus, la tutela judicial efectiva o el debido proceso, entre otras, brillan por su ausencia frente al hecho de tener –a imagen y semejanza del modelo de Guantánamo– a personas encarceladas sine díe, sobre la base de órdenes de detención administrativa, incomunicadas, sin derecho de defensa y sin conocer la acusación que pesa sobre ellas. Según datos de una resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2008, así se encuentran más de mil de los casi 11.000 presos palestinos que se calcula que hay en las prisiones israelíes, unos 300 menores de edad. La imposibilidad de que sus abogados puedan acudir a los tribunales israelíes impide el control judicial de estas situaciones, que quedan así en una especie de limbo jurídico.
Sin respeto a los derechos humanos no hay democracia. Esta exigencia se proyecta sobre las autoridades israelíes no sólo en su propio Estado, sino también allí donde ejercen jurisdicción. Por tanto, en los Territorios Ocupados, dado que sus habitantes están sometidos a sus normas y órdenes. Los numerosos casos de violaciones del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, denunciados tanto por Naciones Unidas como por la Unión Europea, son ejemplos de cómo la actuación de las autoridades israelíes en una zona bajo su jurisdicción dista mucho de ser admisible según los cánones internacionales por los que se juzga a las naciones que dicen ser democráticas.
El reciente ataque contra Gaza puede proporcionar más argumentos en este debate. La gravedad de las acusaciones formuladas contra las acciones militares desarrolladas –acusaciones que incluyen la perpetración de crímenes contra la humanidad– requiere del Gobierno israelí una inmediata investigación que, en su caso, se abra a los tribunales. Estos han de poder enjuiciar a los presuntos culpables de tales crímenes, para así cumplir no sólo el Derecho internacional, sino su propio Derecho. Lo contrario haría saltar en pedazos, una vez más, la imagen de la democracia israelí.
Rafael Escudero Alday es Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid
La legislación y la realidad social e institucional discriminan a los árabes que viven en Israel y tienen ciudadanía israelí: los “palestinos del 48”. Un ejemplo es la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel de 2003, denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional. Esta Ley impide –por razones de seguridad, según se contiene en su articulado– la formación de familias árabes en el interior de Israel, al prohibir a los árabes israelíes casados con palestinos de los Territorios Ocupados vivir con sus cónyuges en Israel. Algo que, por el contrario, se permite a cualquier judío que esté en cualquier lugar del mundo. Se trata de un elemento más de esta política de discriminación racial llevada a cabo por los sucesivos gobiernos israelíes.
Gobiernos de los que han formado parte personas como Avigdor Lieberman –líder del ascendente Yisrael Beiteinu–, que realiza declaraciones claramente racistas, tales como lanzar una bomba atómica en Gaza o echar a los palestinos al mar Muerto. El grito con el que es recibido por sus seguidores en los mítines –SDLqmuerte a los árabes”– debería hacer reflexionar a la Unión Europea en su política de refrendos a elecciones supuestamente democráticas y de apoyo a gobiernos que dicen respetar los derechos humanos; máxime si se compara con la actuación que la propia Unión siguió en el caso de las elecciones palestinas que dieron el triunfo a Hamás o con las medidas que adoptó en el año 2000 cuando el partido de ultraderecha de Jörg Haider entró a formar parte del Gobierno austriaco. Buena prueba para pulsar la calidad democrática del sistema israelí será saber si al final Lieberman condiciona el futuro Gobierno o, incluso, llega a participar en el mismo.
Por otra parte, el concepto de democracia guarda relación inseparable con el desarrollo de la acción de gobierno. Un poder político concentrado en pocas manos, ilimitado y sin medios de control de sus decisiones no merece calificarse de democrático. De ahí la vinculación de la democracia con la separación de poderes y el control judicial del poder ejecutivo. A este respecto, sorprende el flagrante desconocimiento que el Gobierno israelí hace de su legislación interna –y de los convenios internacionales de los que es parte– en el trato a los detenidos palestinos. Garantías como la presunción de inocencia, el hábeas corpus, la tutela judicial efectiva o el debido proceso, entre otras, brillan por su ausencia frente al hecho de tener –a imagen y semejanza del modelo de Guantánamo– a personas encarceladas sine díe, sobre la base de órdenes de detención administrativa, incomunicadas, sin derecho de defensa y sin conocer la acusación que pesa sobre ellas. Según datos de una resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2008, así se encuentran más de mil de los casi 11.000 presos palestinos que se calcula que hay en las prisiones israelíes, unos 300 menores de edad. La imposibilidad de que sus abogados puedan acudir a los tribunales israelíes impide el control judicial de estas situaciones, que quedan así en una especie de limbo jurídico.
Sin respeto a los derechos humanos no hay democracia. Esta exigencia se proyecta sobre las autoridades israelíes no sólo en su propio Estado, sino también allí donde ejercen jurisdicción. Por tanto, en los Territorios Ocupados, dado que sus habitantes están sometidos a sus normas y órdenes. Los numerosos casos de violaciones del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, denunciados tanto por Naciones Unidas como por la Unión Europea, son ejemplos de cómo la actuación de las autoridades israelíes en una zona bajo su jurisdicción dista mucho de ser admisible según los cánones internacionales por los que se juzga a las naciones que dicen ser democráticas.
El reciente ataque contra Gaza puede proporcionar más argumentos en este debate. La gravedad de las acusaciones formuladas contra las acciones militares desarrolladas –acusaciones que incluyen la perpetración de crímenes contra la humanidad– requiere del Gobierno israelí una inmediata investigación que, en su caso, se abra a los tribunales. Estos han de poder enjuiciar a los presuntos culpables de tales crímenes, para así cumplir no sólo el Derecho internacional, sino su propio Derecho. Lo contrario haría saltar en pedazos, una vez más, la imagen de la democracia israelí.
Rafael Escudero Alday es Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid
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